Varias décadas de sufrimiento y situación prolongada del conflicto ha vivido Colombia, tras el accionar de actores armados ilegales que sumados al narcotráfico, han llevado al País a través del tiempo a enfrentar serias dificultades en materia de deficiencias jurídicas y sociales que conducen al menoscabo en los derechos fundamentales de las víctimas, así como violaciones a los derechos humanos y el DIH.El Gobierno nacional, basado en tales dificultades, impulsó en el pasado varios procesos de paz, experiencias que condujeron al trámite, y sanción de la Ley 975 de 2005 denominada de Justicia y Paz mediante la cual se dictaron disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, cuyo propósito fundamental fue el de, contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz nacional.
Esa misma norma, creó la Comisión nacional de Reparación y Reconciliación CNRR, con funciones específicas, como garantizar a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial, recomendar al Gobierno Nacional un programa de reparación colectiva, efectuar seguimiento y verificación a los procesos de reincorporación a fin de garantizar la desmovilización plena de grupos armados al margen de le ley, hacer seguimiento y evaluación periódica de las políticas de reparación señalando recomendaciones para su ejecución, entre otras acciones que viene ejecutando la CNRR.El Señor presidente de la República Juan Manuel Santos, radicó ante el Congreso la Ley 1442 de 2011 ley Víctimas y restitución de tierras, iniciativa que fue aprobada y posteriormente sancionada en acto público realizado el 10 de Junio de 2011, norma que derogó los artículos 50, 51, 52 y 53 de la Ley 975 de 2005.
Basados en las claras disposiciones que en la materia regulará la ley 1442 de 2011, la Comisión Nacional de reparación y Reconciliación entró en la etapa de transición y entrega de resultados y experiencias a la nueva Institucionalidad, productos finales que requieren de una amplia divulgación para que las víctimas, el Estado, y los organismos de cooperación internacional conozcan los logros y resultados de la CNRR.
Es un mandato del gobierno nacional socializar la ley de víctimas, entre otras razones para que los beneficios lleguen realmente a los afectados, con una clara y contundente campaña de divulgación, difusión y pedagogía nacional, regional y local de la ley 1448 de 2011, incluidos los enfoques diferenciales.
Es así, como durante algunos meses, la Universidad Autónoma Latinoamericana fue el Claustro que acogió a todas estas personas que venían a capacitarse para recibir los beneficios del gobierno nacional y el pasado miércoles 9 de noviembre a las 9:00 a.m., en el Auditorio principal de la Universidad, recibieron su respectivo certificado.