Nací en la ciudad de Medellín, me gradué de abogado en la Universidad Autónoma Latinoamericana de esta ciudad en marzo de 1974.
En la rama judicial me desempeñé durante más de 20 años, desde Juez Civil Municipal, pasando por Juez Laboral del Circuito y Magistrado de la Sala laboral del Tribunal Superior de Medellín, para llegar a ser Magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la cual me posesioné el 16 de enero de 1987, y permanecí hasta el 9 de julio de 1999.
Debe recordarse que hasta 1991 la Corte Suprema tuvo el control constitucional y fueron múltiples las decisiones de esa índole en las que me correspondió participar, entre ellas la ley aprobatoria de la séptima papeleta que le dio vía a la constituyente de 1991, en donde se discutía la forma de reformar la constitución política de 18886, si a través del constituyente secundario (Congreso de la República, artículo 18) o del constituyente primario (el Pueblo, artículo 2).
A finales del mes de septiembre de 2008 la Corte Suprema de Justicia tuvo a bien incluir mi nombre en una de las ternas que debía enviar al Senado de la Republica para que allí se eligiera de las mismas a algunos Magistrados que irían a integrar la Corte Constitucional, salí elegido en la plenaria del Senado el 18 de noviembre del año inmediatamente anterior, cargo que vengo desempeñando desde el 1 de marzo del corriente año.
En lo que tiene que ver con el cargo que recién empiezo, debo resaltar que entre las varias funciones que cumple esa corporación de justicia, merecen destacarse las siguientes:
a) Velar por el bloque de constitucionalidad.
Este se sustenta en el artículo 53 de la Constitución y tiene que ver con el Estatuto de Trabajo, principalmente en los convenios internacionales de la OIT debidamente ratificados por Colombia, especialmente en materia de asociación, sindicación, protección especial a la mujer, a la maternidad, al menor trabajador, entre otros; como también en los artículos 93 y 94 de la Carta Política, relacionados con Derechos Humanos, como el compromiso de los Estados de proteger la vida, asumir obligaciones internacionales frente a tal protección, reparar de manera íntegra las violaciones a los derechos, responder ante organismos supranacionales, cumplir con la verdad, justicia y reparación en caso de vulneración de derechos, protección a los desplazados, prohibición de la discriminación a las minorías, la no discriminación por razones de raza, sexo, religión.
b) Modulación de sentencias.
Este ha sido un punto bastante polémico, porque se dice que en muchas ocasiones la Corte Constitucional invade la órbita del Congreso.
En oportunidades es necesario, que respetando al legislativo, la Corte no se limite a declarar la inexequibilidad de la ley, sino que a fin de evitar que como consecuencia de su decisión queden vacíos legales que pongan en peligro la seguridad jurídica, entonces proceda a modular la sentencia estableciendo ciertos parámetros que sirvan para armonizar la norma, adecuarla e interpretarla correctamente. Por ejemplo, al declarar inexequible la palabra “siervo”, “señor”, “amo” que se encontraban en el Código Civil, la corte tuvo que proceder a reemplazarlas por otras, para que no quedara un texto incompleto e incompresible o en el caso de las personas que prestan servicio doméstico, al resolver que era inexequible la disposición que establecía que no tenían límite de tiempo en su jornada laboral, tuvo que proceder la corporación a establecer un límite y decir cual era el mismo.
Lo cierto es que cada rama del poder público no invada la órbita de las otras, aunque debe colaborar armónicamente con los fines del Estado.
c) La acción de Tutela.
Esta ha sido una conquista de la población para hacer valer sus derechos fundamentales de manera pacífica, oportuna y sin dilación, para poner fin a la posición dominante de muchos organismos y empresas, sobre todo en materia de salud, riesgos profesionales y pensiones. Tiene cabida incluso contra decisiones judiciales y la misma Corte Suprema ha aceptado últimamente la tutela contra sus providencias y la revisión por la Corte Constitucional como órgano de cierre en tutela.
La acción de amparo en el derecho Colombiano se ha convertido en un instrumento que ha generado confianza en la población y que los ciudadanos creen en la tutela como forma de solución pacífica para reivindicar el respeto por sus derechos fundamentales, lo cual es bueno, pues en un país con problemas de violencia, se debe estimular el uso de soluciones legales efectivas, para evitar que la población recurra a implantar justicia por sus propios medios.
No puedo dejar pasar por alto mi amor y gratitud para con mi Universidad. Ingresé a ella en enero de 1968, cuando UNAULA apenas llevaba un año desde su fundación, desatándose al año siguiente en todo el mundo un gran movimiento estudiantil que irradió a Colombia. La Autónoma se erigió sobre el postulado del Cogobierno, tomado de la Universidad de Córdoba (Argentina, 1917), consistente en el manejo tripartito de la institución (directivos, profesores y estudiantes), principio que la hizo diferente al resto de universidades del país. Este ha sido y debe seguir siendo la columna vertebral de este centro educativo, toda vez, que el tiempo ha demostrado su influencia de manera positiva en la formación de los educandos haciéndoles más responsables de su entorno y del desarrollo y avance del claustro, además de que le da a la Universidad identidad propia frente a las demás universidades.
Debo resaltar en estas breves palabras que UNAULA creció y se consolidó en la administración del doctor Jairo Uribe Arango, Maestro del cual conservo grandes recuerdos. Del doctor Sergio Naranjo Pérez, quien recién comienza la conducción de la Universidad, sé y no me equivoco en ello, que la llevará a un sitial de honor entre sus pares en Colombia. Tiene ambiciosos planes a corto, mediano y largo plazo, en materias de nuevos programas académicos, de fortalecer los existentes, crecimiento locativo, reordenamiento administrativo y académico, incremento de posgrados, especialmente en lo que tiene que ver maestrías y doctorados, suscripción de convenios con otras universidades nacionales y extranjeras, con lo cual se logrará la apertura de la Universidad al mundo moderno.
Sepan ustedes señoras y señores que en mí encontraran un soldado siempre dispuesto a batallar en pro del progreso, dinamismo y evolución constante de nuestra querida Universidad Autónoma Latinoamericana.
Mis más sentidos agradecimientos por esta reunión que en mi nombre nos convoca en la noche de hoy.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
En la rama judicial me desempeñé durante más de 20 años, desde Juez Civil Municipal, pasando por Juez Laboral del Circuito y Magistrado de la Sala laboral del Tribunal Superior de Medellín, para llegar a ser Magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la cual me posesioné el 16 de enero de 1987, y permanecí hasta el 9 de julio de 1999.
Debe recordarse que hasta 1991 la Corte Suprema tuvo el control constitucional y fueron múltiples las decisiones de esa índole en las que me correspondió participar, entre ellas la ley aprobatoria de la séptima papeleta que le dio vía a la constituyente de 1991, en donde se discutía la forma de reformar la constitución política de 18886, si a través del constituyente secundario (Congreso de la República, artículo 18) o del constituyente primario (el Pueblo, artículo 2).
A finales del mes de septiembre de 2008 la Corte Suprema de Justicia tuvo a bien incluir mi nombre en una de las ternas que debía enviar al Senado de la Republica para que allí se eligiera de las mismas a algunos Magistrados que irían a integrar la Corte Constitucional, salí elegido en la plenaria del Senado el 18 de noviembre del año inmediatamente anterior, cargo que vengo desempeñando desde el 1 de marzo del corriente año.
En lo que tiene que ver con el cargo que recién empiezo, debo resaltar que entre las varias funciones que cumple esa corporación de justicia, merecen destacarse las siguientes:
a) Velar por el bloque de constitucionalidad.
Este se sustenta en el artículo 53 de la Constitución y tiene que ver con el Estatuto de Trabajo, principalmente en los convenios internacionales de la OIT debidamente ratificados por Colombia, especialmente en materia de asociación, sindicación, protección especial a la mujer, a la maternidad, al menor trabajador, entre otros; como también en los artículos 93 y 94 de la Carta Política, relacionados con Derechos Humanos, como el compromiso de los Estados de proteger la vida, asumir obligaciones internacionales frente a tal protección, reparar de manera íntegra las violaciones a los derechos, responder ante organismos supranacionales, cumplir con la verdad, justicia y reparación en caso de vulneración de derechos, protección a los desplazados, prohibición de la discriminación a las minorías, la no discriminación por razones de raza, sexo, religión.
b) Modulación de sentencias.
Este ha sido un punto bastante polémico, porque se dice que en muchas ocasiones la Corte Constitucional invade la órbita del Congreso.
En oportunidades es necesario, que respetando al legislativo, la Corte no se limite a declarar la inexequibilidad de la ley, sino que a fin de evitar que como consecuencia de su decisión queden vacíos legales que pongan en peligro la seguridad jurídica, entonces proceda a modular la sentencia estableciendo ciertos parámetros que sirvan para armonizar la norma, adecuarla e interpretarla correctamente. Por ejemplo, al declarar inexequible la palabra “siervo”, “señor”, “amo” que se encontraban en el Código Civil, la corte tuvo que proceder a reemplazarlas por otras, para que no quedara un texto incompleto e incompresible o en el caso de las personas que prestan servicio doméstico, al resolver que era inexequible la disposición que establecía que no tenían límite de tiempo en su jornada laboral, tuvo que proceder la corporación a establecer un límite y decir cual era el mismo.
Lo cierto es que cada rama del poder público no invada la órbita de las otras, aunque debe colaborar armónicamente con los fines del Estado.
c) La acción de Tutela.
Esta ha sido una conquista de la población para hacer valer sus derechos fundamentales de manera pacífica, oportuna y sin dilación, para poner fin a la posición dominante de muchos organismos y empresas, sobre todo en materia de salud, riesgos profesionales y pensiones. Tiene cabida incluso contra decisiones judiciales y la misma Corte Suprema ha aceptado últimamente la tutela contra sus providencias y la revisión por la Corte Constitucional como órgano de cierre en tutela.
La acción de amparo en el derecho Colombiano se ha convertido en un instrumento que ha generado confianza en la población y que los ciudadanos creen en la tutela como forma de solución pacífica para reivindicar el respeto por sus derechos fundamentales, lo cual es bueno, pues en un país con problemas de violencia, se debe estimular el uso de soluciones legales efectivas, para evitar que la población recurra a implantar justicia por sus propios medios.
No puedo dejar pasar por alto mi amor y gratitud para con mi Universidad. Ingresé a ella en enero de 1968, cuando UNAULA apenas llevaba un año desde su fundación, desatándose al año siguiente en todo el mundo un gran movimiento estudiantil que irradió a Colombia. La Autónoma se erigió sobre el postulado del Cogobierno, tomado de la Universidad de Córdoba (Argentina, 1917), consistente en el manejo tripartito de la institución (directivos, profesores y estudiantes), principio que la hizo diferente al resto de universidades del país. Este ha sido y debe seguir siendo la columna vertebral de este centro educativo, toda vez, que el tiempo ha demostrado su influencia de manera positiva en la formación de los educandos haciéndoles más responsables de su entorno y del desarrollo y avance del claustro, además de que le da a la Universidad identidad propia frente a las demás universidades.
Debo resaltar en estas breves palabras que UNAULA creció y se consolidó en la administración del doctor Jairo Uribe Arango, Maestro del cual conservo grandes recuerdos. Del doctor Sergio Naranjo Pérez, quien recién comienza la conducción de la Universidad, sé y no me equivoco en ello, que la llevará a un sitial de honor entre sus pares en Colombia. Tiene ambiciosos planes a corto, mediano y largo plazo, en materias de nuevos programas académicos, de fortalecer los existentes, crecimiento locativo, reordenamiento administrativo y académico, incremento de posgrados, especialmente en lo que tiene que ver maestrías y doctorados, suscripción de convenios con otras universidades nacionales y extranjeras, con lo cual se logrará la apertura de la Universidad al mundo moderno.
Sepan ustedes señoras y señores que en mí encontraran un soldado siempre dispuesto a batallar en pro del progreso, dinamismo y evolución constante de nuestra querida Universidad Autónoma Latinoamericana.
Mis más sentidos agradecimientos por esta reunión que en mi nombre nos convoca en la noche de hoy.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.